Urbanismo bajo condena

ALEJANDRO ROJAS-MARCOS, en uno de sus habituales rasgos de lucidez, ha dado la respuesta que debió dar en su día Pepe Núñez cuando el alcalde Monteseirín se la jugó a doble o nada para romper con los andalucistas en las municipales de 2003. Ha dicho el ex alcalde que si al PA lo masacraron aquella campaña con el remoquete de «urbanismo bajo sospecha», el de ahora mismo –en coalición con Izquierda Unida– va a ser el «urbanismo bajo condena». Aquí está la primera. Y no de un juez que le tiene inquina al PSOE o que le debe favores a Zoido como malévolamente insinúan, no de ninguna sala vaticana que mea agua bendita, no de ningún juez aupado por el PP; no, del Tribunal Supremo, que ha confirmado en todos sus extremos la condena contra José Pardo y José Marín por el caso conocido como de las facturas falsas del distrito Macarena.

Así empieza a escribirse la historia de este Ayuntamiento en el que dos falsarios hacían y deshacían cobrando facturas a sabiendas de que los trabajos no se habían ejecutado o no se habían terminado. Conviene recordar los hechos probados a los que ahora el Supremo no borra ni una coma: «José Pardo pretendía obtener más dinero del que le correspondería por las obras realmente realizadas». «José Pardo actuaba aparentando que lo hacía por cuenta de la empresa Contratas y Obras Sevilla SL, pese a que sabía que la empresa había cesado su actividad a finales de 2002 y que no tenía la representación de la misma». «José Marín, que era secretario del distrito Macarena, conscientemente permitió que José Pardo cobrara obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas pese a conocer que estas no se habían ejecutado o se habían ejecutado parcialmente». «José Marín sabía que José Pardo no era el representante de Contratas y Obras Sevilla SL y no podía actuar en su nombre». «Sólo después de que el concejal responsable del distrito Macarena firmara los cheques para el pago de las obras, en algunos de ellos José Marín añadió a mano el nombre de José Pardo con el propósito de eludir los controles de la Administración».

Esto es ya verdad jurídica camino de la colección Aranzadi. Y ahora, que vengan los que todo lo disculpan cuando cae de aquel lado a decir que fue sólo la trapisonda de dos aprovechados, pero que el Ayuntamiento con Monteseirín a la cabeza hizo lo que tenía que hacer en cuanto tuvo noticia, por cierto a través de este periódico, que puso su empeño en aclarar un asunto que olía mal de lejos.

En realidad, esta sentencia del Supremo a quien hace justicia es a Paola Vivancos y a Rafael Carmona, los andalucistas que pagaron la osadía de destapar el escándalo con su apartamiento de la vida municipal.