De 2002 a noviembre de 2010 (última fecha disponible en las estadísticas del Ministerio de Trabajo), 70.298 andaluces se vieron afectados por alguno de los 4.759 expedientes de regulación de empleo (ERE) que la autoridad laboral autorizó. De ellos, más de 21.000 trabajadores andaluces perdieron su empleo a causa de esta figura laboral.
¿Alguien puede asegurar que todos y cada uno de esos más de 21.000 andaluces despedidos de sus puestos de trabajo tenían derecho a cobrar los 30 días de indemnización por año trabajado que como media se establece en los ERE? ¿Alguien quiere poner la mano en el fuego por todos y cada uno de esos expedientes cuya liquidación se dejaba en manos de un director general de la Consejería de Empleo que ha admitido la existencia de un «fondo de reptiles»?
¿En cuántos de esos trámites administrativos no hay «hombres de paja» como acertadamente concluye la pericia policial en torno al ERE de Mercasevilla que ha destapado un caso de arbitrariedad, intereses creados y pingües ganancias a cuenta de los 700 millones de euros de que ha dispuesto el Instituto de Fomento de Andalucía para subvencionar de manera excepcional expedientes de regulación de empleo con nombres y apellidos?
Mientras la investigación judicial no esclarezca uno por uno los 4.759 expedientes entre el año 2002 y 2009, todos están bajo sospecha. De momento, al primer tapón ha salido zurrapa. Con sólo suponer que se ha colado un nombre falso en la mitad de esos trámites, estaríamos hablando de 2.375 «hombres de paja» a lo largo de ocho años en que ha estado en vigor la irregular encomienda para que las subvenciones de más de tres millones de euros no tuvieran que pasar por la mesa del Consejo de Gobierno.
Si la cuantía media de la indemnización por despido en los expedientes de regulación de empleo está por encima de los 10.500 euros, basta una multiplicación para calcular por encima el monto defraudado del que podemos estar hablando: 23 millones de euros. Sí, es sólo una suposición, pero de momento, es lo que tenemos.
Las cifras dan vértigo. Los expedientes de regulación de empleo se han convertido en un lucrativo negocio para todos los interesados, incluyendo los propios trabajadores despedidos, por chocante que parezca.
Los empresarios ajustan costes y productividad por la vía de la reducción de plantilla, ya que otras modalidades les resultan más onerosas y complicadas. Esta vía está permanentemente abierta merced a una Administración siempre dispuesta, allanada en su rigor normativo por encomiendas como las de la Junta de Andalucía, y convenientemente engrasada merced a la tajada que los sindicatos obtienen de esta fórmula de despidos.
Como el ERE obliga a una negociación entre la empresa y el comité laboral, enseguida aparecen abogados laboralistas y comisionados sindicales para tratar de elevar al máximo la cuantía de la indemnización. Por cada trabajador, lo mínimo que se cobra es entre 150 y 400 euros en concepto de gestión. En muchos casos, los propios empleados despedidos ni siquiera saben que se les detrae esta mínima cantidad y, en otros casos, la dan por bien empleada tras conseguir una tajada de varios miles de euros por término medio.
Ahora bien, todos los expedientes de regulación de empleo requieren de autorización administrativa. La gran mayoría -con porcentajes que superan el 98%- llega a la mesa de la autoridad laboral con acuerdo entre el patrón y sus empleados, lo que allana bastante el 'nihil obstat' de la consejería del ramo. Pero hace falta disponer de conseguidores y mediadores a fin de que el ERE caiga del lado de los que la Junta de Andalucía está dispuesta a subvencionar en aras a la continuidad de la empresa, por ejemplo.
Y ahí es donde aparecen los personajes turbios de este negocio: tipos con contactos capaces de moverse con soltura por los despachos y con capacidad para influir en la toma de decisiones. ¿Qué son 63.000 euros en el montante final de las indemnizaciones para cincuenta despidos? Ligados a los conseguidores aparece la figura de los comerciales de seguros, pugnando por la póliza que garantiza el cobro regular de las indemnizaciones sin tener que sujetarse a los vaivenes de la tesorería de la Hacienda pública.
El sistema está tan perfeccionado, que el fraude es la esencia misma de su naturaleza. Lógicamente, nadie desde dentro se ve con fuerzas para denunciar una situación cuando menos irregular: ni el empresario que se deshace de parte de su plantilla a menor coste; ni los sindicatos que cobran por las gestiones; ni los propios trabajadores, temerosos de perder el empleo y la indemnización si, al final, la empresa quiebra y tienen que cobrar una mínima parte del Fondo de Garantía Salarial. Hasta que una juez destapó el escándalo.
javier.rubio@elmundo.es
7/2/11
Javier, como tu, hemos hecho las cuentas mas de un andaluz, los que nos ponemos las pilas a las 5 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche, es una verguenza que esto se fomente y se permita desde la propia administración, la justicia debe dar una condena ejemplarizante a este tipo de delincunetes.
ResponderEliminarUn saludo.