miércoles, 26 de enero de 2011

El genocidio laboral andaluz

PERDONEN LA CITA, pero aun pecando de inmodesto quiero compartir con todos mis lectores lo que escribí el lunes 29 de noviembre bajo el título «Regulaciones bajo sospecha» porque acaba de ponerse de actualidad: «Aquí, lo que está en juego es la credibilidad del sistema entero de expedientes reguladores de empleo. Y eso es más grave de lo que atisbamos a imaginar. Quién puede asegurar, en tales circunstancias, que no se ha usado esa triquiñuela de engordar la lista de beneficiarios de otros expedientes en empresas públicas o semipúblicas para derramar algunos cientos de miles de euros cuyo destino último no se alcanza a ver, sólo a intuir en la densa niebla que rodea al escándalo».

La juez del caso Mercasevilla tiene más motivos que un servidor para poner en duda todos los expedientes de regulación tramitados por la Consejería de Empleo desde 2002 en adelante y ha ampliado la investigación que inició por las golfadas detectadas en la sociedad mixta del mercado central de abastos.

De la pesquisa judicial saldrá lo que tenga que salir, aunque de momento ya hemos encontrado a la misma pobre ama de casa, Carmen Fontela, inscrita en la prejubilación de dos empresas en las que jamás trabajó y cuyas indemnizaciones mensuales alguien cobra por ella. ¿Está dispuesto algún político a poner la mano en el fuego para asegurar que su nombre no figura en ningún otro expediente?

Con casi 700 millones de euros para repartir entre las empresas en crisis, la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un concienzudo y metódico genocidio laboral que ha convertido a miles de trabajadores activos en prejubilados pasivos pendientes de conservar lo que tienen gracias a los buenos oficios de unos empresarios apurados por la crisis, unos sindicatos siempre solícitos al pasteleo y una administración pública dispuesta a conseguir la paz laboral a cualquier precio.

Las regulaciones de empleo enmascaran una auténtica cultura de la muerte laboral en la que el mejor trabajador es el trabajador prejubilado. Y a esa cultura de exterminio de millares de puestos de trabajo han contribuido con entusiasmo los patrones, los representantes sindicales y los responsables autonómicos de Empleo en una coyunda tétrica.

¿Cuántos casos más quedan por salir? ¿Cuántos trabajadores habrían salvado su empleo de no estar obsesionados con sacar tajada de unos expedientes llenos de fullerías como ahora se ve? ¿Cuánto talento no hemos desaprovechado para que unos truhanes se llenaran los bolsillos propios y no sabemos los de quiénes mas?

javier.rubio@elmundo.es

25/1/11

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